El conflicto por el control del barrio cerrado Villa Catalina, en Las Heras, Mendoza, alcanzó una instancia inédita al llegar a la Corte Suprema de la Nación. Lo que comenzó hace más de una década como un reclamo vecinal por promesas incumplidas de infraestructura y servicios, se transformó en una batalla legal que involucra a la desarrolladora Titulizar S.A., la Mutual de Farmacéuticos de Mendoza (Amfarm) y la Unión Vecinal conformada por los propietarios.

Los vecinos denunciaron que el proyecto original fue alterado, incrementando la densidad habitacional y colapsando los servicios. "No puede vivir tanta gente en un lugar que no está preparado para albergar tantas unidades habitacionales", argumentó la representación legal de los propietarios. Además, acusaron a la Mutual de utilizar las expensas para financiar negocios propios y de ejercer una administración "dictatorial".

Por su parte, la Mutual rechazó las acusaciones y sostuvo que la conformación de la Unión Vecinal fue un atajo legal para evadir el régimen de propiedad horizontal. También denunció que los vecinos tomaron el control del barrio por la fuerza y realizaron cobros ilegales de expensas.

El conflicto escaló cuando la Dirección de Personas Jurídicas permitió la creación de la Unión Vecinal, decisión que la Mutual impugnó. Tras varios fallos judiciales, la Suprema Corte de Mendoza consideró que el caso tenía trascendencia constitucional y lo elevó a la Corte Suprema Nacional.

El caso pone bajo la lupa la responsabilidad del Estado en programas oficiales de vivienda y los límites de las desarrolladoras privadas. La resolución de la Corte Suprema podría sentar un precedente clave para la administración de barrios cerrados y la protección de los derechos de los propietarios en proyectos mixtos de fondos públicos y privados.