Una niña de 12 años de la comunidad wichí, embarazada tras un abuso sexual, se encadenó en la Ciudad Judicial de Tartagal, Salta, temiendo que la Justicia la obligara a interrumpir su embarazo de cinco meses. La menor, acompañada por su madre y referentes comunitarios, interpretó que la citación judicial era para forzarla a abortar, cuando en realidad solo debía prestar declaración testimonial en la causa penal contra el presunto abusador, un joven de 19 años sobre quien pesa una orden de detención.

La confusión fue aclarada por una psicóloga del Ministerio Público y un intérprete, quienes explicaron a la niña y su familia que la ley argentina no puede obligar a nadie a interrumpir un embarazo en contra de su voluntad. Tras despejar las dudas, la menor accedió a declarar y la causa judicial avanzó.

El embarazo fue detectado durante un operativo sanitario en la zona rural, cuando la niña tenía ocho semanas de gestación. Desde entonces, recibe controles médicos periódicos y seguimiento interdisciplinario en el hospital de Tartagal, incluyendo atención de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición. La directora de Materno e Infancia de Salta, Patricia Leal, confirmó que la salud de la menor y el bebé es estable, aunque el embarazo es considerado de alto riesgo por la edad de la paciente.

El caso generó conmoción en la ciudad y motivó manifestaciones de la comunidad wichí, que reclamó respeto a la voluntad de la niña de continuar con la gestación. Autoridades provinciales y organismos de niñez enfatizaron que la decisión corresponde a la menor y su familia, y que la ley solo permite la interrupción del embarazo en casos de abuso si así lo desea la víctima.

La situación expone las profundas vulnerabilidades de niñas y adolescentes en contextos de violencia, pobreza y pertenencia a comunidades originarias. El protocolo provincial para embarazos en menores de 15 años incluye un enfoque intercultural y acompañamiento integral. El Juzgado de Garantías N°2 de Tartagal ordenó la detención del acusado, mientras la menor continúa bajo seguimiento médico y social. El caso reavivó el debate sobre derechos, salud y justicia en menores víctimas de abuso sexual en Argentina.