El Gobierno nacional dispuso un recorte del 50% en el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a los damnificados por las inundaciones de marzo de 2025 en Bahía Blanca. La medida, oficializada mediante la Decisión Administrativa 23/25 y publicada en el Boletín Oficial, reduce la partida de $200.000 millones a $100.000 millones, en el marco de un ajuste más amplio del gasto público que afecta también a áreas educativas y sociales.

La decisión se produce luego de que el Congreso aprobara por unanimidad una ley que ampliaba la asistencia a Bahía Blanca y Coronel Rosales, pero que fue vetada por el Ejecutivo el 23 de junio. En los fundamentos del veto, el Gobierno argumentó que ya existía un fondo especial creado en abril mediante el Decreto 238/25, y que la nueva ley no especificaba la fuente de financiamiento. Además, se señaló que Coronel Rosales no figuraba en los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, por lo que su inclusión era "de imposible cumplimiento".

El fondo, administrado por el Ministerio de Seguridad y financiado parcialmente por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, estaba destinado a otorgar subsidios directos a los residentes de las viviendas afectadas. Según el Ejecutivo, "con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando".

La reducción del fondo generó críticas de legisladores y sectores afectados, quienes señalaron que parte de los fondos prometidos no se entregaron y que la asistencia resulta insuficiente ante la magnitud de los daños. El debate continúa en el Congreso, donde se busca insistir con la ley vetada. En el plano político, la medida se da en un contexto en el que Bahía Blanca fue uno de los pocos distritos donde La Libertad Avanza obtuvo la victoria en las últimas elecciones, pese a la reducción de la asistencia estatal. El futuro de la ayuda a los damnificados y la respuesta estatal sigue siendo motivo de discusión y análisis.