El Gobierno nacional oficializó la privatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, tras meses de negociaciones con las autoridades provinciales. El proceso, que se concretará mediante una licitación nacional e internacional, permitirá la operación de las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila por un período de 30 años. El Estado espera recaudar hasta 500 millones de dólares por la venta de los activos, según estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo.

Las represas, que representan el 10% de la generación eléctrica del país, son consideradas estratégicas por su producción limpia y bajo costo operativo en comparación con las centrales térmicas. El acuerdo alcanzado reconoce a Neuquén y Río Negro como propietarios del agua que atraviesa sus territorios, incorporando condiciones reclamadas por las provincias desde hace más de tres décadas. Además, se establecen nuevos criterios para la distribución de regalías y un canon específico por el uso del agua, así como la creación de un fondo destinado a obras de seguridad hídrica y protección ante crecidas.

El proceso de privatización se formalizó a través del decreto 718/2024, luego de que en agosto de 2023 vencieran los plazos de concesión de 30 años. Durante la gestión anterior, la operación de las represas fue prorrogada en siete oportunidades mientras se negociaba la creación de un ente estatal para su administración. La última prórroga se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que culmine el proceso de licitación.

Las autoridades provinciales celebraron el acuerdo, destacando que "el agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos" y que el nuevo marco concesional fortalece el rol de las provincias en la gestión de recursos estratégicos. Sin embargo, especialistas en política energética y sectores opositores expresaron preocupación por la pérdida de control estatal sobre un recurso clave y advirtieron que la privatización podría traducirse en un incremento de las tarifas eléctricas y afectar la competitividad de la economía nacional.

El debate sobre la gestión de las represas se intensificó tras el vencimiento de las concesiones, con posturas encontradas entre quienes defienden la participación privada y quienes consideran que el Estado debe mantener el control de los recursos energéticos. El desenlace de este proceso podría sentar precedentes para la administración de otras centrales hidroeléctricas cuyos contratos también están próximos a vencer, marcando un punto de inflexión en la política energética argentina.