El escándalo por la producción de fentanilo contaminado en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma ha generado una profunda crisis sanitaria y judicial en Argentina. Más de cien pacientes fallecieron tras recibir dosis de un lote fabricado en condiciones insalubres, según confirmaron investigaciones judiciales y testimonios de ex empleados.

El lote 31202 de fentanilo fue producido el 18 de diciembre de 2024 en la planta de Ramallo, provincia de Buenos Aires, bajo temperaturas extremas y una infraestructura deteriorada. Los trabajadores, agobiados por el calor y la falta de aire acondicionado, debían manipular medicamentos en ropa interior, lo que incrementaba el riesgo de contaminación. "Había ratas y la gente se descomponía por el calor", relató uno de los ex empleados entrevistados por Infobae, quien pidió anonimato por temor a represalias.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó una inspección sorpresa en noviembre de 2024, detectando más de 650 irregularidades graves, entre ellas la falta de validación de procesos y riesgos sanitarios. A pesar de las advertencias, la producción continuó sin correcciones significativas, y el lote mortal fue elaborado días después. Chats internos y documentos judiciales revelan que los empleados recibieron presiones para falsificar registros de producción y encubrir las irregularidades, una práctica habitual en la empresa.

La investigación judicial, encabezada por el juez Ernesto Kreplak, apunta a Ariel García Furfaro y su familia, propietarios de Ramallo y HLB Pharma, quienes habrían estado al tanto de las condiciones precarias y dieron órdenes directas sobre la producción. El caso también expuso la falta de agua purificada de calidad WFI, esencial para medicamentos endovenosos, y la ausencia de personal capacitado.

Tras la clausura de la planta en mayo de 2025, se hallaron montañas de ampollas y residuos farmacéuticos peligrosos abandonados en el predio, lo que generó una nueva intervención del Ministerio de Ambiente bonaerense y la Justicia para retirar y destruir el material. El escándalo afecta a hospitales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, y ha dejado a decenas de empleados despedidos, quienes temen declarar por posibles represalias.

La crisis ha puesto en debate la supervisión estatal, la cultura empresarial y la necesidad de controles más rigurosos en la industria farmacéutica. La Justicia busca determinar las responsabilidades penales y prevenir futuros desastres, mientras las autoridades ambientales y municipales discuten los protocolos para el tratamiento de residuos peligrosos.