En la madrugada del martes, un nuevo vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con siete ciudadanos argentinos deportados, en el marco de la política migratoria endurecida por la administración de Donald Trump. Este operativo, realizado bajo estrictas medidas de hermetismo, marca el cuarto vuelo de este tipo en lo que va del año y eleva a cerca de medio centenar la cifra de argentinos expulsados en los últimos cuatro meses.

Los deportados, que viajaron en un Airbus A320-214 de la empresa GlobalX contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fueron recibidos por familiares en el aeropuerto. Muchos de ellos llevaban años, e incluso décadas, residiendo en Estados Unidos, donde habían formado familias y desarrollado sus vidas laborales. "Se fue con 18 años, hace más de 25 que vive en Florida. No sé con qué me voy a encontrar", relató la hermana de una de las deportadas, quien trabajaba como mesera y estuvo detenida más de cuatro meses antes de su expulsión.

El proceso de deportación incluyó detenciones prolongadas en centros de reclusión, con condiciones difíciles y contacto limitado con allegados. Algunos testimonios describen traslados a centros militares y llamadas telefónicas esporádicas de corta duración. "Vienen con lo puesto, con lo que agarraron o, mejor dicho, con la ropa que tenían en el momento que los agarraron", contó la tía de otro deportado.

Las razones de las deportaciones varían entre vencimiento de visas, ingresos irregulares y antecedentes penales. Sin embargo, familiares y algunos de los propios deportados denunciaron que la medida afecta también a personas trabajadoras y a quienes intentaron regularizar su situación migratoria. "Están echando también a gente laburante, al que fue a buscar un futuro mejor", expresó una de las presentes.

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses no solo afecta a los argentinos, sino también a ciudadanos de otros países de la región. Según datos oficiales, más de 400.000 inmigrantes han sido deportados forzosamente en menos de 250 días bajo la actual administración. La Embajada de Estados Unidos en Argentina recordó que el monitoreo sobre los titulares de visas es permanente y que el incumplimiento de las leyes migratorias resulta en la revocación de la visa y la deportación.

Las autoridades argentinas han activado protocolos de asistencia para los retornados, aunque la incertidumbre sobre el futuro es una constante entre quienes deben recomenzar sus vidas en el país. El fenómeno se inscribe en una tendencia global de endurecimiento de las políticas migratorias y genera preocupación por el impacto social y familiar de estas medidas.