El triple crimen de Florencio Varela ha sacudido a la sociedad argentina y movilizado a las fuerzas de seguridad en una investigación que se extiende más allá de las fronteras nacionales. Tres jóvenes, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron halladas sin vida en una vivienda de Florencio Varela, tras haber sido vistas por última vez el 6 de septiembre en el barrio porteño de Flores, donde se reunieron con dos ciudadanos peruanos.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido de los sospechosos, quienes utilizaron un Renault 19 como vehículo de apoyo. Uno de los prófugos fue rastreado hasta Salta, donde se sospecha que cruzó la frontera hacia Bolivia o Perú por un paso ilegal. La brutalidad del crimen, que incluyó torturas y presunta grabación de los hechos, ha generado conmoción y repudio en la opinión pública.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, ya suma nueve detenidos, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual. Valverde fue detenido en Perú y permanece en prisión preventiva en Lima, a la espera de un proceso de extradición que podría demorar hasta 60 días. Durante una audiencia virtual, su defensa alegó inocencia y solicitó su libertad bajo comparecencia, argumentando el principio de humanidad por su juventud.

Mientras tanto, Matías Ozorio, otro de los implicados, fue trasladado al penal de General Alvear tras negarse a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. La defensa de Ozorio subrayó que negarse a la indagatoria es un derecho constitucional.

Aunque desde un principio se especuló con un posible móvil vinculado al narcotráfico, la Fiscalía aclaró que hasta el momento no existen pruebas concretas que lo confirmen. El expediente se mantiene bajo la jurisdicción local, a la espera de nuevos peritajes sobre los celulares secuestrados a los detenidos, que podrían arrojar luz sobre los roles y motivaciones de cada implicado.

El caso, calificado como triple femicidio agravado, sigue generando debate sobre la seguridad y el crimen organizado en la Argentina, mientras la Justicia busca cerrar el círculo sobre una organización criminal con ramificaciones internacionales.