La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva ley que endurece las sanciones contra los denominados "trapitos" y limpiavidrios que operan ilegalmente en la vía pública, especialmente en las inmediaciones de eventos masivos como partidos de fútbol y recitales. La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y la diputada María del Pilar Ramírez, fue respaldada por 35 legisladores y rechazada por 18, en su mayoría de la oposición.

La reforma modifica los artículos 91 y 92 del Código Contravencional porteño, estableciendo penas de arresto de entre 10 y 60 días, trabajos comunitarios, multas que pueden alcanzar los $18.999.800 y la exclusión de los infractores de planes sociales y subsidios estatales por hasta dos años. Además, introduce agravantes que duplican las penas en casos de intimidación, reincidencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad de los conductores.

Uno de los aspectos más novedosos de la ley es la diferenciación entre infractores individuales y quienes organizan o coordinan la actividad, especialmente en el contexto de eventos masivos. En estos casos, las sanciones se agravan: los organizadores pueden recibir hasta 60 días de arresto y las entidades, como clubes o productoras, que faciliten la actividad, pueden ser multadas y clausuradas por hasta 90 días.

La normativa también habilita a los jueces a dictar la "prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía" a las zonas donde se cometió la infracción, una medida ya utilizada en delitos vinculados a la violencia. Para facilitar las denuncias, el Ministerio Público Fiscal instalará oficinas móviles en las inmediaciones de los eventos.

El fenómeno de los "trapitos" ha sido motivo de debate durante décadas en la ciudad, con antecedentes de leyes y vetos que no lograron erradicar la problemática. Mientras el oficialismo celebra la medida como un avance en la seguridad y la convivencia urbana, sectores de la oposición advierten sobre el impacto social de criminalizar una actividad de subsistencia y cuestionan la efectividad de las sanciones más severas. El gobierno porteño, por su parte, sostiene que la ley responde a un reclamo vecinal y busca desalentar la reincidencia mediante un enfoque de "tolerancia cero".