A casi nueve meses del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, la investigación por el crimen del adolescente desaparecido en 1984 continúa generando incertidumbre. El fiscal Martín López Perrando, a cargo del caso, decidió ampliar el foco de la pesquisa hacia el entorno familiar de Cristian Graf, ex compañero de colegio de la víctima y principal sospechoso.

La medida se tomó luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones anulara el sobreseimiento de Graf y ordenara revisar su situación. A partir de esa resolución, la fiscalía solicitó informes laborales y societarios de los padres de Graf, Federico Alberto Graf y Susana Elena Grassle, con el objetivo de determinar si existían vínculos con el Estado o fuerzas de seguridad. Sin embargo, los datos recabados hasta el momento solo confirmaron la existencia de una sociedad comercial entre los padres, disuelta tras la muerte del progenitor, sin relación con cargos públicos.

El abogado defensor, Martín Díaz, quien representa tanto a Cristian Graf como a su familia, rechazó la ampliación de la investigación y afirmó: “Toda persona ajena al hecho no tiene por qué ser investigada, pero, según la línea del fiscal, cree que hay elementos. Y, la verdad, que cada vez que sigue una línea de investigación termina en la nada, como en una calle sin salida”.

El caso remite al 26 de julio de 1984, cuando Fernández Lima desapareció tras salir de su casa para visitar a un amigo. Décadas después, en mayo de 2025, sus restos fueron hallados en el jardín de una vivienda del barrio porteño de Coghlan, donde vivía la familia Graf desde los años '70. El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que el adolescente murió por una puñalada en el tórax y que luego intentaron desmembrar el cuerpo antes de enterrarlo a 60 centímetros de profundidad. Junto a los huesos se encontraron objetos personales que permitieron situar el crimen en la década del '80.

En otro movimiento judicial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 56 rechazó por segunda vez el pedido de la Asociación Civil Usina de Justicia para intervenir como amicus curiae, argumentando que esa figura está regulada únicamente para procesos ante el Máximo Tribunal.

La ampliación de la investigación hacia el círculo familiar busca despejar interrogantes que persisten desde hace más de cuatro décadas. El avance de las nuevas medidas será determinante para establecer si existen responsabilidades adicionales en uno de los casos más enigmáticos de la Ciudad de Buenos Aires.