El incendio ocurrido en la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en la Cárcel de Mujeres de Bouwer, Córdoba, resultó en la muerte de Guadalupe Agostina Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33. A dos meses del hecho, la familia de Pedraza reclama avances en la investigación y denuncia graves irregularidades en el accionar del personal penitenciario.

Guadalupe Pedraza había sido trasladada desde el penal de Villa María dos días antes del incendio y se encontraba bajo custodia exclusiva del Estado provincial, sin condena firme. Según la querella, la presencia de colchones inflamables en la celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos constituyeron un escenario de riesgo extremo. Además, denuncian que el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas pese a los pedidos de auxilio y que otras internas fueron evacuadas antes que ella.

La madre de Pedraza, Valeria Soledad Romero, solicitó ser reconocida como querellante particular y exige esclarecer las condiciones en las que falleció su hija. "El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad", afirmó Romero en la presentación judicial. La querella también reclama que se investigue si los agentes penitenciarios intentaron modificar sus declaraciones tras una reunión con las jefas de los módulos y si existieron conductas orientadas a encubrir los hechos posteriores al incendio.

La pericia realizada por la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba confirmó que el fuego fue intencional y que las llamas comenzaron por la quema de colchones. Hasta febrero de 2026, no hay imputados en la causa. La familia de Pedraza considera que podrían haberse producido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación final dependerá de lo que determine la investigación judicial.

Entre las medidas de prueba solicitadas por la querella se destacan la remisión del libro de guardia, los protocolos contra incendios, registros de mantenimiento de los equipos de emergencia, la nómina del personal de guardia, registros fílmicos, informes de autopsia y peritajes técnicos. También pidieron que se tome declaración a testigos, internas y personal médico, y que se realicen inspecciones judiciales en la unidad penitenciaria para determinar si se cumplieron los protocolos de emergencia.

El reclamo judicial impulsado por Valeria Soledad Romero busca que la investigación avance en la determinación de las responsabilidades individuales de los agentes penitenciarios y en la eventual responsabilidad civil e internacional del Estado provincial. La familia solicita el acompañamiento de la sociedad y de los medios en el pedido de verdad y justicia, al considerar que el caso interpela la responsabilidad estatal respecto de las personas privadas de libertad.