El radar de velocidad instalado en la localidad de Darwin, sobre la Ruta Nacional 22, se ha convertido en uno de los puntos más efectivos y polémicos de control vial en la provincia de Río Negro. Ubicado entre los kilómetros 1007 y 1008, el dispositivo opera en una zona urbana donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora. Gestionado por el municipio local y autorizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el radar Stalker Lidar realiza un monitoreo constante de los vehículos que circulan por ese tramo.

Con el cierre de la temporada estival y el inicio del calendario escolar, el flujo vehicular en las rutas nacionales y provinciales de Río Negro ha aumentado considerablemente. Este incremento en el tránsito, especialmente en los corredores que conectan la cordillera, el Alto Valle y la costa atlántica, ha derivado en un mayor número de infracciones detectadas por el radar de Darwin. Muchos conductores, en medio del regreso a sus hogares, no advierten el cambio de velocidad permitido al ingresar a la zona urbana, lo que resulta en multas que llegan días después a través de notificaciones electrónicas.

Según un acta de infracción a la que accedió LM Cipolletti, el monto de las multas por exceso de velocidad puede alcanzar los $299.200. Sin embargo, el sistema contempla la posibilidad de pago voluntario, que permite una reducción del 50% si se abona en los cinco días hábiles posteriores a la notificación. De esta manera, el pago final, sumando gastos administrativos, ronda los $162.600. Para muchas familias, este tipo de sanciones representa un golpe inesperado en la economía doméstica, especialmente en un contexto de regreso de vacaciones y organización del ciclo escolar.

Actualmente, solo seis municipios cuentan con autorización para el funcionamiento de radares en la provincia. Otros dispositivos instalados en localidades como Cipolletti, Lamarque, Cinco Saltos, Sargento Vidal, Río Colorado, Sierra Grande y Villa Regina están en etapa de revisión y puesta a punto, bajo la administración de una empresa privada. La Agencia Provincial de Seguridad Vial ha anticipado que, en caso de activarse nuevos radares, se informará previamente a la población, otorgando un plazo de 20 a 30 días para evitar infracciones.

Marcelino Di Gregorio, titular del organismo, señaló: “Solo funcionan los radares municipales autorizados. El resto todavía no funcionan”. Mientras tanto, la preocupación de conductores y familias por el impacto económico de las multas sigue creciendo, en un contexto de aumento del tránsito y controles viales en la provincia. El futuro de la fiscalización vial en Río Negro apunta a una expansión de los dispositivos, con la promesa de mayor información y transparencia para los usuarios de las rutas.