El Gobierno nacional oficializó la licitación pública nacional e internacional para la concesión de tramos estratégicos de rutas nacionales, entre ellas la Ruta 7 en Mendoza y corredores viales en Santa Fe, Córdoba y otras provincias. El proceso, anunciado mediante la Resolución 174/2026, abarca más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho tramos, con el objetivo de modernizar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y optimizar la logística nacional.

En Mendoza, la concesión incluye 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7, desde el límite con San Luis hasta el paso internacional con Chile. Este corredor bioceánico es fundamental para el comercio con el Pacífico y el tránsito diario de miles de vehículos. El nuevo esquema prevé la duplicación de estaciones de peaje, sumando dos nuevos puntos en Palmira y Potrerillos, además de los existentes en La Paz y Las Cuevas. Según el pliego, el cobro en las nuevas estaciones solo podrá iniciarse una vez finalizadas las obras iniciales de puesta en valor.

El contrato impone metas obligatorias de rehabilitación, actualización tarifaria atada al cumplimiento de obras y la implementación de tecnología Free Flow para minimizar la detención de vehículos, especialmente en el transporte de carga. Además, se exige un plan de obras para saldar deudas históricas en seguridad y mantenimiento, incluyendo la reconstrucción total del puente sobre el arroyo Uspallata, la construcción de una rotonda en Uspallata y una intervención profunda en los pavimentos de hormigón entre los kilómetros 1.204 y 1.235.

La adjudicataria deberá cumplir con estándares internacionales de calidad, garantizando la durabilidad del paquete estructural por los próximos 20 años. El pliego también establece penalizaciones por exceso de carga y la obligación de mantener iluminación, semáforos y sistemas de conteo de tránsito. El "Operativo invernal" seguirá bajo potestad estatal, pero el concesionario asumirá tareas de mantenimiento tras los temporales.

En Santa Fe, la concesión de rutas nacionales 9, 19, 34 y 11 impactará directamente en la logística regional y el acceso a puertos del Gran Rosario. El financiamiento será exclusivamente privado, sin subsidios del Estado nacional, y Vialidad Nacional será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos.

El modelo de concesión busca resolver deudas históricas en seguridad vial y mantenimiento, fortalecer la conectividad y la eficiencia logística en provincias clave para la producción y exportación. Las reacciones de usuarios frecuentes y empresas de logística reflejan preocupación por el aumento de peajes, mientras el Gobierno destaca la mejora en estándares y la eficiencia del sistema vial. El cumplimiento de los contratos y la calidad de las obras quedará bajo estricta supervisión de Vialidad Nacional, con implicaciones futuras para la infraestructura y la economía regional.