La Corte Suprema de Justicia de la Nación inicia el año 2026 con una agenda cargada de desafíos institucionales y políticos. Tras un 2025 marcado por la confirmación de la condena y prisión de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el máximo tribunal se prepara para encaminar los dos juicios pendientes contra la exmandataria y acelerar el proceso de los denominados Cuadernos de las Coimas. Además, la Corte deberá resolver un expediente de lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa que será revisada por conjueces designados por sorteo.

El funcionamiento del Poder Judicial se ve amenazado por una crisis de vacantes: según proyecciones oficiales, la falta de jueces titulares podría alcanzar el 42% en 2026. Esta situación genera alarma en el tribunal, aunque los ministros han manifestado cierta confianza en las promesas del Gobierno nacional, que aseguró que en marzo enviará los pliegos necesarios para cubrir los cargos vacantes. Sin embargo, la negociación política para lograr los consensos requeridos sigue abierta y marcada por tensiones entre oficialismo, oposición y distintos sectores del Congreso.

En paralelo, la Corte Suprema implementará la subasta digital de bienes decomisados por corrupción, tras un fallo que le otorga la administración de estos activos y resuelve un conflicto de competencias con el Ejecutivo. El tribunal también cerró el año con un récord de 15.000 fallos y casi 29.000 causas gestionadas, a pesar de funcionar con menos integrantes de los previstos.

En la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte enfrenta una situación similar, con solo tres de siete jueces en funciones. El gobernador Axel Kicillof anunció que abrirá el debate por las vacantes en el primer tramo de 2026, anticipando meses de negociaciones intensas entre oficialismo, oposición y sectores sindicales, que reclaman mayor presencia femenina en el máximo tribunal provincial.

El panorama judicial argentino para 2026 se presenta así atravesado por la necesidad de resolver causas de alto impacto político, normalizar el funcionamiento institucional y alcanzar acuerdos para cubrir vacantes clave, en un contexto de persistente tensión entre los poderes del Estado y con la mirada atenta de la sociedad.