El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez, fue allanado el pasado viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con la empresa Bio Limp, encargada de proveer alimentos en la cárcel de Ezeiza. La medida judicial se produjo en un contexto de reiteradas denuncias sobre la mala calidad de la comida suministrada a los internos y sospechas de irregularidades en las licitaciones.

Durante el procedimiento, Martínez entregó a la Justicia un teléfono celular en desuso, alegando que el que utilizaba habitualmente se había extraviado ese mismo día. Sin embargo, un informe técnico reveló que el aparato estuvo activo hasta una hora antes del allanamiento, en las inmediaciones del estadio de Huracán, lo que generó sospechas de que el funcionario pudo haber sido advertido del operativo. "O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar", señaló una fuente cercana a la investigación.

La investigación judicial detectó que Bio Limp compartía camiones y empleados con Foodrush, empresa previamente sancionada por proveer comida en mal estado y que tenía prohibido participar en nuevas licitaciones. Además, se hallaron facturas por 150 millones de pesos entre ambas firmas, lo que sugiere una posible "cartelización" del negocio de la alimentación en el penal de Ezeiza. El juez Villena reabrió la causa bajo la carátula de "Envenenamiento" tras nuevas denuncias de internos y constataciones de que la comida no era apta para el consumo humano.

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de los procedimientos realizados por Villena, argumentando que se llevaron a cabo en un día inhábil y sin el sorteo correspondiente del juzgado. Por su parte, fuentes del entorno del juez sostienen que "si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez, más siendo funcionario público".

El caso ha generado tensión institucional y pone en evidencia las dificultades históricas en la provisión de alimentos en cárceles federales. El Ministerio de Seguridad de la Nación, de quien depende el SPF, expresó su apoyo a la investigación judicial. El desenlace de la causa podría tener implicancias significativas para la gestión penitenciaria y la transparencia en la contratación pública.