Una serie de operativos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Rosario puso el foco sobre la ruta del dinero narco y el posible lavado de activos a través de inversiones inmobiliarias. Las acciones, ordenadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se centraron en las oficinas de la desarrolladora Grupo Roma, en Puerto Norte, y en la sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), en el marco de una investigación que busca esclarecer el circuito financiero de una organización criminal desbaratada a fines de 2025.

La causa, identificada como FRO 11201/2026, investiga a una banda liderada por Ariel Fernando Suppa, acusada de importar 750 kilos de cocaína desde Bolivia en apenas dos meses y medio. Tras la detención de 13 integrantes en noviembre pasado, la justicia intenta determinar si parte de las ganancias ilícitas fueron canalizadas a través de operaciones inmobiliarias. "Por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se ordenó una medida de presentación para requerir documentación vinculada a la venta de tres lotes", explicó Pablo Cofano, titular de Grupo Roma, quien negó cualquier vínculo irregular y aseguró que la empresa entregó toda la información solicitada.

En el sindicato Urgara, el secretario adjunto Andrés Enz entregó dos boletos de compraventa requeridos por los fiscales. Tanto la desarrolladora como el gremio negaron haber participado en maniobras ilícitas y manifestaron su disposición a colaborar con la justicia.

La investigación se inició en diciembre de 2024 tras una denuncia por microtráfico en un búnker de Braille al 1400. Las tareas incluyeron escuchas telefónicas, seguimientos y análisis de movimientos financieros, lo que permitió identificar la estructura jerárquica de la banda y su modus operandi: viajes exprés a Bolivia, uso de vehículos con fachada comercial y distribución a gran escala en Rosario y localidades cercanas.

Durante los operativos de noviembre, la PSA incautó 52 kilos de cocaína, armas, vehículos y grandes sumas de dinero. Los fiscales sostienen que la organización funcionaba como una célula mayorista, posiblemente vinculada a la banda "Los Monos". El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz dispuso la prisión preventiva de los acusados y el embargo de bienes por más de 50 millones de pesos.

El caso ha generado preocupación por el alcance del narcotráfico en la economía local y la posible infiltración en sectores legales. La justicia continúa investigando el destino de los fondos y el rol de las empresas y organizaciones involucradas, mientras se esperan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.