El doble femicidio ocurrido en Córdoba ha generado una profunda conmoción en la sociedad argentina. El principal sospechoso, Pablo Laurta, ciudadano uruguayo y expareja de una de las víctimas, fue detenido tras una intensa búsqueda policial que se extendió por varias provincias. El hecho tuvo lugar el pasado 8 de octubre en una vivienda de Villa Rivera Indarte, donde Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos. Tras el crimen, Laurta huyó con su hijo de cinco años, lo que activó el protocolo de Alerta Sofía y movilizó a las fuerzas de seguridad en Córdoba y Entre Ríos.

La investigación reveló que Laurta tenía antecedentes de acoso y hostigamiento contra su expareja, con denuncias previas por violencia de género y restricciones judiciales que no lograron evitar el desenlace fatal. Durante el operativo de búsqueda, se descubrió la desaparición de un remisero, Martín Sebastián Palacio, quien habría sido contratado por Laurta para facilitar su huida. El automóvil del chofer fue hallado incendiado y, posteriormente, se encontró un cuerpo mutilado en Concordia, Entre Ríos, que podría corresponder al remisero desaparecido. Las autoridades continúan con las pericias para confirmar la identidad.

Laurta y su hijo fueron localizados en un hotel de Gualeguaychú, donde el menor fue hallado en buen estado de salud y puesto bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). En la habitación se incautaron armas, dinero y pertenencias del remisero, lo que refuerza la hipótesis de una planificación detallada de los hechos. La madre de Laurta, desde Uruguay, expresó su dolor y pidió cadena perpetua para su hijo, lamentando el impacto en su nieto, ahora huérfano.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la efectividad de las medidas de protección judicial. Laurta es fundador de "Varones Unidos", organización que niega la violencia de género y promueve discursos antiderechos, lo que añade un componente político y social al caso. Organizaciones feministas y familiares de las víctimas han denunciado la impunidad y la falta de recursos para prevenir estos crímenes, mientras que funcionarios provinciales evalúan el futuro del niño y la necesidad de fortalecer la protección a víctimas de violencia de género. El desenlace de la investigación y las implicancias legislativas continúan siendo objeto de atención pública.