El uruguayo Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú tras una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad argentina. Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio en Córdoba, también habría matado al chofer Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo fue hallado decapitado y desmembrado en Puerto Yeruá, Entre Ríos. Además, secuestró a su hijo de 5 años, quien fue rescatado y trasladado a Córdoba bajo resguardo de las autoridades.

La investigación reveló que Laurta planificó meticulosamente sus movimientos. Semanas antes, alquiló una cabaña en Salto, Uruguay, donde practicó el uso de kayak para cruzar el río Uruguay de manera clandestina. Una vez en Argentina, contactó a Palacio, con quien tenía antecedentes de viajes previos, para que lo trasladara a Rafaela, Santa Fe. Las cámaras de seguridad registraron el encuentro entre ambos en Concordia y el posterior recorrido errático del vehículo, que terminó con la desaparición de Palacio y el hallazgo de su auto incendiado en Córdoba.

El doble femicidio ocurrió en el barrio Villa Serrana de Córdoba, donde Laurta asesinó a balazos a Giardina y Zamudio. Tras el crimen, huyó con su hijo y utilizó el auto de Palacio para desplazarse entre provincias. La policía activó el Alerta Sofía para localizar al menor y coordinó esfuerzos entre Entre Ríos, Córdoba y Uruguay para dar con el paradero del sospechoso.

La captura de Laurta se produjo en el hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se encontraron pertenencias de Palacio, dinero en efectivo y un arma lista para ser utilizada. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, destacó la meticulosidad del acusado, señalando que "no se manejó por impulsos, sino que planificó cada paso". La familia de Palacio y las autoridades remarcaron la frialdad y premeditación de Laurta, quien permanece incomunicado y será indagado en las próximas horas.

El caso, que involucra delitos de femicidio, homicidio y secuestro, generó alarma nacional y reavivó el debate sobre la violencia de género y la seguridad. La justicia deberá determinar dónde se judicializará la causa, mientras la sociedad exige respuestas y mayor protección para las víctimas de crímenes violentos.