Un proyecto privado busca poner fin a la extensa concesión de Néstor Otero en la Terminal de Ómnibus de Retiro, en Buenos Aires, tras 32 años de control marcado por irregularidades y denuncias de corrupción. La iniciativa, presentada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que incluye al grupo Narváez, Inversiones Peirod e Inverlat Investment SA, propone una inversión de 100 mil millones de pesos y un canon mensual de 100 millones, cifra que supera ampliamente el monto actual abonado por la concesionaria de Otero.

El gobierno nacional, bajo la gestión de La Libertad Avanza, intentó transferir la administración de la terminal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reclamo histórico que no logró concretarse. En paralelo, se aumentó el canon mensual de 3,6 a 34,2 millones de pesos, buscando presionar a la concesionaria. Sin embargo, Otero, apodado el "zar de Retiro", mantuvo su posición y acudió a la Casa Rosada para expresar su disconformidad ante el jefe de Gabinete y el secretario de Transporte, quienes escucharon sus reclamos pero no modificaron la decisión.

La terminal de Retiro, por donde transitan cerca de 100 mil personas diariamente, ha sido objeto de críticas por su deterioro, falta de mantenimiento y prácticas monopólicas bajo la gestión de Otero. A lo largo de los años, la concesión fue prorrogada en condiciones cuestionadas, y Otero fue beneficiado con reducciones de canon y perdón de multas. Además, su nombre figura en la "Causa Cuadernos", donde fue procesado y condenado por cohecho, actualmente bajo prisión domiciliaria y a la espera de juicio oral.

El nuevo proyecto privado contempla la remodelación integral de la terminal, la construcción de un hotel internacional, un centro de convenciones, espacios comerciales y mejoras urbanas, con participación de las provincias en la promoción turística. El sector empresarial observa con cautela la posibilidad de desplazar a Otero, quien ha resistido intentos de remoción durante sucesivos gobiernos. Desde la administración porteña se critica la falta de transferencia de activos estratégicos, mientras que legisladores como Graciela Ocaña han denunciado la falta de control estatal sobre la concesión.

El desenlace de este proceso podría marcar un cambio significativo en la gestión de una de las principales terminales de transporte del país, con implicancias en la modernización urbana y la transparencia administrativa.