El 6 de octubre de 2000, Carlos "Chacho" Álvarez presentó su renuncia indeclinable a la vicepresidencia de la Nación, en un hecho que marcó un antes y un después en la política argentina. La decisión se produjo tras el escándalo de sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral, conocida como la "Ley Banelco", que buscaba flexibilizar el mercado de trabajo en medio de una crisis económica y social.

La reforma, impulsada por el gobierno de la Alianza —coalición entre la UCR y el Frepaso—, generó fuertes resistencias en sectores sindicales y algunos senadores. El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, fueron señalados como presuntos operadores de los sobornos, que habrían alcanzado los 5 millones de dólares. Álvarez, al no encontrar respaldo en el presidente Fernando de la Rúa ni en el resto del gabinete, decidió apartarse del cargo, argumentando que no podía acompañar la impunidad política.

La renuncia de Álvarez no fue acompañada por otros miembros del Frepaso, lo que debilitó la coalición y precipitó la crisis institucional que culminaría con la caída del gobierno en diciembre de 2001. Años después, el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto confesó haber transportado el dinero de los sobornos, pero en 2013 la justicia absolvió a todos los acusados, calificando el testimonio de Pontaquarto como inverosímil y sugiriendo posibles motivaciones políticas detrás de la denuncia.

El episodio es considerado un punto de inflexión en la cultura política argentina, evidenciando la persistencia de la corrupción y la dificultad de construir alternativas éticas y de gobernabilidad. Mientras algunos ven la renuncia de Álvarez como un acto de dignidad, otros la consideran un error estratégico que debilitó al gobierno y al Frepaso como fuerza política. El legado de este hecho sigue siendo objeto de debate y análisis sobre la ética pública y la gobernabilidad en Argentina.