El Gobierno nacional avanza con una profunda reforma del sistema de practicaje y pilotaje en la navegación comercial argentina, desatando una fuerte controversia entre empresarios, gremios y organismos estatales. El proyecto de decreto, firmado por autoridades del Ministerio de Seguridad y de Desregulación, propone una desregulación integral del sector, abriendo el acceso a nuevos profesionales, permitiendo la libre contratación de servicios y transfiriendo la autoridad de control y formación de la Armada a la Prefectura Naval y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Según el texto oficial, la iniciativa busca reducir exigencias regulatorias, transparentar precios y fomentar la competencia, con el objetivo de bajar los costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino. El nuevo esquema elimina restricciones históricas, permitiendo que capitanes extranjeros con conocimiento de zona puedan operar sin prácticos argentinos en determinadas circunstancias. Además, se establece la publicación obligatoria de tarifas y la supervisión de la competencia por organismos estatales.

Sin embargo, la reforma ha generado un fuerte rechazo en el sector. Empresarios navieros y gremios, como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos, advierten que la medida compromete la seguridad de la navegación, el empleo argentino y la soberanía sobre las vías fluviales. "No encontré, ni en el decreto, ni en las exposiciones, ni un solo elemento objetivo que diga cómo esta reducción tarifaria va a influir en los fletes marítimos", señaló un empresario del sector. Los gremios también alertan sobre el riesgo de incidentes ambientales y de infraestructura, citando antecedentes internacionales negativos.

El traspaso de competencias de la Armada a la Prefectura Naval y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación es otro de los puntos más discutidos, ya que implica una reconfiguración institucional profunda. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma se ajusta a estándares internacionales y que la competencia y la transparencia tarifaria beneficiarán al comercio exterior.

Ante la falta de consenso, los gremios han solicitado la suspensión de los plazos administrativos y no descartan recurrir a la vía judicial para frenar la implementación del decreto. El debate, que involucra cuestiones de seguridad, economía y soberanía, promete prolongarse y mantener en vilo a uno de los sectores más estratégicos del país.