El Gobierno argentino enfrenta una de sus semanas más complejas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, marcada por el aumento de la inflación y la presión política derivada de la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, representa la cifra más alta desde el año anterior y eleva el acumulado anual al 9,4%, con una variación interanual del 32,6%. Este escenario económico genera inquietud tanto en el oficialismo como en la sociedad, que observa con atención la evolución de los precios y el impacto en los ingresos.

En paralelo, la situación judicial de Manuel Adorni suma tensión al clima político. El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa que abarca la compra de propiedades y viajes al exterior. El oficialismo ha decidido respaldar a Adorni, quien deberá presentarse el 29 de abril en el Congreso para brindar su informe de gestión. Sin embargo, la oposición prepara una interpelación y busca capitalizar el malestar social generado por el caso.

Fuentes cercanas al Gobierno relativizan el impacto de la inflación y sostienen que se trata de un fenómeno transitorio, influido por factores externos como el conflicto en Medio Oriente. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio presidente Milei han defendido el rumbo económico, destacando el cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional y la acumulación de reservas como señales positivas.

No obstante, la combinación de inflación persistente y escándalos en el círculo de confianza presidencial comienza a erosionar la credibilidad del Gobierno. Analistas políticos advierten que la tolerancia social frente a episodios de corrupción o privilegios disminuye cuando el poder adquisitivo se ve afectado. En este contexto, la Casa Rosada apuesta a una pronta desaceleración inflacionaria para recuperar la iniciativa y reducir la presión sobre Adorni.

Mientras tanto, el oficialismo también señala que el 21% de los diputados no presentó su declaración jurada anual, en un intento por equilibrar el debate sobre la transparencia en la función pública. La semana que transcurre será clave para medir la capacidad del Gobierno de Milei para sostener su agenda y evitar que la crisis política y económica afecte su gobernabilidad.