Un megaoperativo conjunto entre fuerzas federales, municipales y la Justicia Federal puso fin a la histórica feria "La Saladita de la Bristol" en Mar del Plata. Durante la madrugada, más de 170 puestos fueron desmantelados y demolidos por orden del juez Santiago Inchausti, en el marco de una causa por violación a la Ley de Marcas y riesgos para la seguridad y salubridad públicas.

La intervención, que involucró a más de 300 efectivos y maquinaria pesada, fue resultado de una denuncia penal presentada en 2024 por el entonces intendente y actual senador Guillermo Montenegro. "En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas", expresó Montenegro tras el operativo. El actual intendente, Agustín Neme, destacó que la medida responde a una "deuda histórica" con la ciudad y sus vecinos.

La feria, que funcionaba desde 1999 con permisos precarios y sucesivas prórrogas, había superado ampliamente los límites legales, llegando a ocupar 2500 metros cuadrados y albergar más de 170 puestos, cuando el permiso original era para 70. Informes municipales advertían sobre graves riesgos sanitarios, proliferación de residuos y materiales inflamables, además de la venta de productos falsificados.

El operativo incluyó allanamientos en la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes y domicilios particulares, con la detención y posterior liberación de un referente gremial. Los feriantes, en tanto, denunciaron la pérdida total de su fuente de trabajo y la falta de alternativas laborales. "Hay mucha tristeza, angustia, mucho dolor. La gente se quedó sin trabajo: muchas familias, mujeres con hijos", relató una de las afectadas.

El cierre de "La Saladita" reaviva el debate sobre la economía informal y el desempleo en Mar del Plata, una de las ciudades con mayores índices de desocupación del país. Mientras las autoridades celebran la recuperación del espacio público y el restablecimiento de la legalidad, los trabajadores exigen respuestas ante la crisis social que deja el desalojo. El futuro del predio y de las familias afectadas permanece incierto, en medio de un clima de tensión y reclamos.