La petrolera argentina YPF y el Estado nacional obtuvieron un fallo clave en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la sentencia de primera instancia que obligaba a Argentina a pagar más de US$16.000 millones a Burford Capital y otros accionistas minoritarios por la expropiación de YPF en 2012. La decisión, emitida a fines de marzo de 2026, fue celebrada por el Gobierno argentino y tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros, con un alza de hasta 9% en las acciones de YPF y una revisión al alza de su precio objetivo por parte de bancos internacionales.

El fallo judicial se basó en la interpretación de que los estatutos de YPF no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas y que la Ley General de Expropiaciones regula integralmente estos procesos, desplazando reclamos contractuales. "Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de Gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor", afirmó el presidente Javier Milei en cadena nacional. El equipo legal argentino, liderado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el procurador del Tesoro, fue clave en la estrategia de defensa.

Por su parte, Burford Capital, principal demandante, calificó la decisión como "muy decepcionante" y solicitó una prórroga para apelar el fallo, argumentando dificultades de agenda de su abogado principal. La firma evalúa recurrir a la Corte Suprema de EE.UU. o al CIADI, aunque reconoce que estas instancias suelen ser excepcionales y de baja probabilidad de éxito.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aprovechó el nuevo contexto para presentar ante inversores en Nueva York los lineamientos estratégicos de la compañía, con foco en el crecimiento de la producción no convencional y el desarrollo del negocio exportador. Analistas del sector destacan que la eliminación del "riesgo judicial" mejora sustancialmente la valuación de la empresa, aunque advierten que la reputación de Argentina en los mercados internacionales podría verse afectada por el historial de incumplimientos.

El litigio por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando Argentina no realizó una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, lo que dio origen a la demanda en tribunales estadounidenses. Si bien el fallo actual representa un alivio financiero inmediato para el país, el caso podría no estar completamente cerrado, ya que los demandantes evalúan agotar todas las instancias legales posibles. El desenlace final dependerá de la respuesta de los tribunales a los recursos pendientes y de la evolución de las relaciones internacionales en torno al caso.