La Corte Suprema de Justicia de la Nación celebró este martes una audiencia clave entre representantes del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la demanda por la deuda previsional que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con la administración bonaerense. El reclamo, que supera los $2,2 billones, corresponde a fondos destinados a cubrir el déficit de la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida a la órbita nacional.

Durante la audiencia, funcionarios bonaerenses, encabezados por el ministro de Economía Pablo López y el fiscal de Estado Hernán Gómez, expusieron los argumentos de la provincia y detallaron el impacto de la falta de transferencias en las finanzas locales. Por parte del Gobierno nacional, participaron abogados de ANSES y asesores del Ministerio de Capital Humano. El máximo tribunal fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, abriendo una instancia de negociación entre las partes.

El conflicto se enmarca en una serie de recortes y cambios en el esquema de transferencias nacionales, impulsados por el Gobierno de Javier Milei a través del DNU 280/2024, que eliminó artículos del Presupuesto 2023 que garantizaban fondos para cubrir déficits previsionales provinciales. Según la administración bonaerense, la deuda reclamada incluye no solo los anticipos de 2023 y 2024, sino también diferencias acumuladas de ejercicios anteriores.

El reclamo previsional es solo uno de los siete litigios que la provincia de Buenos Aires mantiene contra la Nación, con deudas totales estimadas en $15,6 billones. Entre los fondos recortados figuran el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para seguridad, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo que ha generado tensiones adicionales en la relación entre ambas jurisdicciones.

El ministro Pablo López subrayó que "las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses obligan a la Provincia a hacer un esfuerzo enorme para sostener las funciones básicas del Estado". Además, cuestionó el esquema de coparticipación federal, señalando que Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación nacional pero recibe solo el 7% de los recursos.

El litigio bonaerense se produce en un contexto de recesión económica y caída de la recaudación, lo que agrava el impacto de los recortes en las transferencias nacionales. Otras provincias, como Corrientes, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, también han iniciado demandas similares ante la Corte Suprema, lo que podría sentar un precedente para futuros reclamos.

La próxima audiencia, prevista para el 21 de abril, será clave para determinar si se avanza hacia un reconocimiento de la deuda y una posible solución negociada entre Nación y provincia.