Un hombre de 28 años fue condenado a un año y tres meses de prisión efectiva por abuso sexual, exhibiciones obscenas y lesiones, tras un ataque ocurrido en pleno microcentro porteño. El hecho se produjo en la intersección de Lavalle y Esmeralda, cuando una mujer de 25 años se dirigía a su trabajo y fue abordada por el agresor, quien orinaba en la vía pública. Al advertir la presencia de la víctima, el hombre realizó exhibiciones obscenas, profirió insultos sexuales y la siguió, sujetándola y tocándola sin su consentimiento.

La situación se agravó cuando familiares de la víctima, entre ellos su padrino, su pareja y su hijastro de siete años, llegaron al lugar mientras la policía identificaba al sospechoso. En ese momento, el agresor atacó al padrino, golpeándolo y clavándole una varilla en la espalda, causándole lesiones que le impedirán trabajar durante al menos un mes.

La intervención policial permitió la detención inmediata del agresor. La investigación, a cargo de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, avanzó con rapidez y culminó con la imputación por abuso sexual, exhibiciones obscenas y lesiones graves. Un informe médico legal determinó que el acusado estaba lúcido, orientado y consciente de sus actos, lo que descartó cualquier planteo de inimputabilidad.

El proceso judicial, tramitado bajo el sistema de flagrancia, permitió que en menos de 72 horas se dictara la condena. La jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, homologó el acuerdo y declaró al agresor reincidente. Además, se ordenó la extracción de muestras biológicas para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

El Ministerio Público Fiscal informó a la víctima sobre sus derechos y el avance del proceso, en cumplimiento de la Ley de Víctimas. El caso es considerado un ejemplo de celeridad judicial y coordinación institucional en la respuesta a delitos sexuales y de género. La resolución rápida del caso ha generado debate sobre la efectividad del sistema de flagrancia y la importancia de garantizar justicia pronta en situaciones de violencia sexual.