La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por la legisladora porteña Vanina Biasi, del Frente de Izquierda Unidad, en la causa en la que está procesada por presunta incitación a la discriminación y actos antisemitas a través de publicaciones en la red social X (ex Twitter). La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en que el recurso fue presentado fuera del plazo legal, por lo que no se analizó el fondo del caso.

La causa se originó a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y la DAIA, que actuó como querellante, por ocho publicaciones realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024 desde la cuenta verificada de Biasi. Entre los mensajes señalados por la justicia se encuentran expresiones como “el Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología” y “Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid”. El juez federal Daniel Rafecas procesó a la legisladora al considerar que sus mensajes podían incitar al odio contra la comunidad judía y excedían los límites de la libertad de expresión protegida por la Constitución.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y le impuso un embargo de $10.000.000. La defensa de Biasi argumentó que se estaba vulnerando la libertad de expresión y denunció una supuesta gravedad institucional, pero esos planteos no fueron analizados en profundidad debido a la extemporaneidad del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema.

Con el rechazo del máximo tribunal, quedó firme la resolución que había declarado inadmisible el planteo de la defensa, lo que habilita el avance hacia el juicio oral, que estará a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El caso, enmarcado en la Ley 23.592 sobre discriminación racial o religiosa, prevé penas de hasta tres años de prisión para quienes inciten al odio por motivos de raza o religión.

El proceso judicial contra Biasi reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la lucha contra el antisemitismo en Argentina. Mientras la defensa sostiene que se trata de una persecución política, el Poder Judicial enfatiza que los mensajes exceden la crítica política y afectan la dignidad de un colectivo históricamente vulnerado. El fallo de la Corte Suprema fue estrictamente procesal y no abordó el fondo del debate, que ahora se dirimirá en el juicio oral.