Una investigación judicial en la ciudad de Posadas, Misiones, reveló la existencia de una presunta red de coimas y facilitación de contrabando en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Argentina con Paraguay. El operativo, realizado el 16 de marzo, incluyó 38 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad y resultó en la incautación de más de 57 millones de pesos argentinos, 37.202 dólares, 947.000 guaraníes, 6.071 reales y otros bienes de valor, como dispositivos electrónicos, armas y documentación relevante.

La causa, a cargo de la jueza federal María Verónica Skanata, involucra a 24 efectivos de Gendarmería Nacional y 22 agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes habrían cobrado sobornos para permitir el paso ágil de taxistas, remiseros y "paseros" paraguayos, así como para facilitar el contrabando de mercaderías. Según fuentes judiciales, la investigación se inició en 2022 tras una denuncia interna de la propia fuerza de seguridad, pero fue archivada durante el primer año y reactivada en 2024 con la incorporación de nuevas pruebas. "El avance de la causa tuvo altibajos, pero finalmente se concretaron las medidas judiciales este mes", señalaron fuentes consultadas.

Durante los procedimientos, se secuestraron 62 teléfonos celulares, computadoras, cámaras, armas de fuego y municiones, además de documentación que será clave para determinar el alcance de la operatoria. También se investiga la participación de 25 trabajadores fronterizos paraguayos, conocidos como "paseros".

Hasta el momento no se registraron detenciones, aunque los funcionarios implicados fueron apartados de sus cargos y se analiza su eventual pase a disponibilidad y expulsión de la fuerza. Desde Gendarmería desmintieron que la falta de detenciones se deba a problemas de alojamiento en las unidades.

El expediente, identificado como FPO 2837/2025, tramita en el Juzgado Federal de Posadas y se encuentra bajo la figura de cohecho pasivo, delito que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el funcionario público que reciba dinero o dádivas a cambio de acciones vinculadas a sus funciones. El análisis de la documentación y registros electrónicos secuestrados será determinante para establecer la magnitud de la red y las responsabilidades individuales.

El caso pone nuevamente en foco la problemática de la corrupción en los controles fronterizos y su impacto en la seguridad y el comercio regional. Se espera que en las próximas semanas surjan nuevas definiciones judiciales a partir del material incautado.