El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para participar en el ejercicio militar conjunto denominado "Operación Tridente". La medida, formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 697/2025), permitirá que las fuerzas estadounidenses operen en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano entre el 20/26 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. El costo estimado para el Estado argentino asciende a 60 millones de pesos, financiados por la Armada.

La decisión generó una fuerte polémica política, principalmente porque el ingreso de tropas extranjeras tradicionalmente requiere la aprobación del Congreso Nacional, según la Constitución argentina. Sin embargo, el Ejecutivo optó por la vía administrativa, argumentando la "naturaleza excepcional" de la situación. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, y su ministro Carlos Bianco, solicitaron informes al Ministerio de Defensa y calificaron la habilitación como "totalmente irregular". "Creemos que esto establece un precedente bastante riesgoso", afirmó Bianco en conferencia de prensa.

Desde el gobierno nacional, la medida se defiende como una oportunidad estratégica para potenciar las capacidades militares argentinas y consolidar alianzas internacionales. El decreto destaca que la experiencia de las Fuerzas Especiales estadounidenses constituye un "recurso invaluable" para el país, aplicable tanto en contextos de combate como en operaciones humanitarias. "La no participación en el ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas", señala el texto oficial.

El contexto internacional agrega complejidad al debate. La política exterior de Milei ha profundizado el alineamiento con Estados Unidos y la OTAN, lo que implica una redefinición de la postura argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la cooperación militar en el Atlántico Sur. En paralelo, se registran tensiones diplomáticas por ejercicios británicos en las Malvinas y protestas en Tierra del Fuego por la instalación de infraestructura militar extranjera.

Analistas y funcionarios provinciales advierten sobre el impacto legal y simbólico de autorizar el ingreso de tropas extranjeras por decreto, sin debate parlamentario. "Estamos dejando un antecedente de que el Presidente pueda inmiscuirse en cuestiones de defensa sin necesidad ni urgencia", sostuvo Dachary, especialista en soberanía. Por su parte, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, expresó: "No vamos a entregar nuestra soberanía".

La controversia revela el trasfondo de una política de reposicionamiento internacional, en la que el gobierno busca mostrar orden y respaldo externo frente a la crisis interna. El desenlace de la "Operación Tridente" y sus implicancias legales y diplomáticas continúan siendo objeto de debate público y político.