El doble femicidio ocurrido en Córdoba ha sacudido a la sociedad argentina y puesto en el centro del debate las fallas del sistema judicial en la protección de víctimas de violencia de género. Pablo Laurta, ciudadano uruguayo y referente del grupo antifeminista "Varones Unidos", fue detenido tras asesinar a su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, de 54, en el barrio Villa Serrana de Córdoba. Posteriormente, Laurta secuestró a su hijo de seis años y emprendió una fuga que terminó en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde fue capturado por la policía.

Además de los femicidios, Laurta está acusado del asesinato de Martín Palacios, un remisero que lo habría trasladado entre provincias. El cuerpo de Palacios fue hallado decapitado y desmembrado en Yeruá, Entre Ríos, mientras que su vehículo apareció incendiado en Córdoba, en un aparente intento de borrar pruebas. Según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el menor se encuentra en buen estado y bajo protección, mientras la Justicia evalúa quién asumirá su tutela. La madre de Laurta, Estrella Laura Laurta, expresó públicamente su repudio al accionar de su hijo y se ofreció como tutora del nieto si no aparece otro familiar apto. Por su parte, la hermana de Luna viajó desde Chile para asumir la tutela y denunció graves fallas en el sistema judicial: "Pedía ayuda, que alguien la proteja de este monstruo y no llegó a tiempo", declaró.

El caso ha revelado una historia de denuncias previas por violencia de género que no fueron atendidas eficazmente. Luna había solicitado protección durante tres años, sin obtener respuestas concretas. En audios enviados días antes del crimen, la joven manifestaba su angustia y temor ante la manipulación y acoso de Laurta. Expertos en perfil criminal, como Constanza Lamarque, describen al acusado como "frío, calculador y manipulador", y advierten sobre la falta de protocolos adecuados para identificar psicópatas en el país. "En la Argentina hay un 40% de femicidas que son psicópatas, y la realidad es que cuando les van a hacer pericias psicológicas, en la medida en la que se vean suficientemente normales, no se les presta atención. Falta decisión política", señaló Lamarque.

La investigación continúa y el caso ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de reformas urgentes en la prevención y atención de la violencia de género. El destino del menor será decidido por la Justicia, mientras familiares y especialistas insisten en la importancia de garantizar su seguridad y bienestar.