El Gobierno de Mendoza confirmó este jueves la cesantía de diez empleados públicos y la aplicación de otras sanciones disciplinarias en distintas áreas de la administración provincial, según lo publicado en el Boletín Oficial. La mayoría de los casos involucra a trabajadores del Ministerio de Salud, aunque también se registraron sanciones en los ministerios de Seguridad, Energía, Producción y en la Cámara de Senadores.

Las medidas, firmadas por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, responden a la conclusión de sumarios administrativos que acreditaron faltas graves como inasistencias injustificadas, abandono de trabajo, presentación de certificados médicos falsos, violencia laboral y bajo rendimiento. Ocho de las cesantías fueron aplicadas tras la instrucción de sumarios, mientras que otras dos quedaron firmes luego del rechazo de recursos presentados por los agentes involucrados.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de una médica del Hospital Paroissien, cuya desvinculación fue confirmada tras comprobarse reiteradas ausencias y el incumplimiento de sus funciones durante varios meses de 2021. Otro expediente ratificó la cesantía de un trabajador del Hospital Notti, acusado de justificar inasistencias mediante certificados médicos cuya autenticidad fue desconocida por la profesional firmante. Además, se sancionó a un profesional que presentó un certificado firmado por un médico fallecido y a una médica que no regresó a sus funciones tras una licencia sin goce de haberes iniciada en 2011.

El Ministerio de Salud y Deportes concentró la mayor cantidad de medidas disciplinarias, pero también se confirmaron sanciones en otras áreas. En el Ministerio de Hacienda y Finanzas, un agente fue exonerado por participar como croupier en un casino clandestino. En el Ministerio de Seguridad, se rechazó el pedido de reincorporación de un oficial que no presta servicio desde 2010, y en Producción se aplicó una suspensión por bajo rendimiento.

El Gobierno también instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones judiciales para solicitar la exclusión de tutela sindical de cinco empleados de la Cámara de Senadores, lo que permitiría avanzar con sanciones administrativas o desvinculaciones laborales. Según el Ejecutivo, estas medidas buscan reforzar la disciplina y la transparencia en la administración pública provincial.

Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas de los empleados sancionados. El oficialismo, por su parte, impulsa cambios en la legislación laboral y sindical para facilitar la aplicación de sanciones en casos de faltas graves. El debate sobre la protección sindical y la responsabilidad de los empleados públicos continúa abierto en la provincia.