La Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata ha emitido un fallo ejemplar contra Assist Card Argentina S.A., ordenando a la empresa pagar una indemnización de aproximadamente $42 millones a una turista que sufrió un accidente en Estados Unidos en 2018. La mujer, quien había contratado un servicio de asistencia al viajero con cobertura médica de hasta U$S 100.000, se encontró con que la empresa se negó a cubrir los costos de una prótesis, un cabestrillo y medicamentos necesarios tras una cirugía de urgencia.

El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Monterisi y Roberto Loustaunau, calificó la defensa de la empresa como "intrincada y enrevesada". Según el fallo, Assist Card argumentó que la prótesis no estaba incluida en el "resumen de garantías" del contrato, una interpretación que los jueces consideraron ambigua y contraria al sentido común. "Es razonable entender que una prótesis forma parte de la asistencia médica en caso de accidente", señaló Monterisi.

Además de los gastos médicos, la indemnización incluye una multa por daño punitivo equivalente a 21,87 canastas básicas, calculadas según el INDEC. Los jueces justificaron este incremento como una medida disuasoria para evitar que las empresas continúen con prácticas que perjudiquen a los consumidores. "El daño punitivo debe funcionar como un elemento disuasivo para que el proveedor no repita conductas similares", explicó el tribunal.

El caso también puso en evidencia la actitud de la empresa durante el proceso judicial. Assist Card fue criticada por faltar a audiencias de conciliación y obligar a la demandante a realizar trámites internacionales extenuantes para probar sus gastos médicos. "La empresa sometió a la actora a un proceso judicial extenso y costoso, a pesar de que conocía perfectamente los hechos", concluyó el fallo.

Este caso sienta un precedente importante en el ámbito de la asistencia al viajero y podría influir en la revisión de contratos en el sector. Expertos legales consideran que la sentencia es un llamado de atención para las empresas, instándolas a garantizar prácticas más transparentes y justas. En un contexto de turismo globalizado, el fallo refuerza la protección de los consumidores frente a cláusulas contractuales ambiguas y prácticas empresariales cuestionables.