La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pretendían obtener pruebas en Estados Unidos para vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda $LIBRA. En su fallo, la magistrada sostuvo que las evidencias presentadas por los fondos, que incluían artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar, resultaban insuficientes para demostrar que el dinero generado por $LIBRA pertenece a la República Argentina.

Rochon fue más allá y sugirió que los ingresos podrían ser del presidente Javier Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis, quien habría conservado parte de las ganancias con la intención de invertirlas en la economía argentina. "Las pruebas podrían sugerir que los beneficiarios serían el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis", afirmó la jueza en su resolución de 33 páginas.

El reclamo había sido promovido por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, todos acreedores del Estado argentino por bonos en default desde 2001. Tras obtener un fallo favorable en la Justicia británica en 2023, que ordenó al gobierno argentino pagar más de 1500 millones de euros, los fondos iniciaron una ofensiva global para localizar activos embargables. En ese contexto, buscaron vincular al Estado argentino con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Davis y promovido por Milei en la red social X, lo que generó un pico alcista y pérdidas por US$251 millones.

La jueza Rochon consideró que el pedido de los fondos era una "excursión de pesca" y que la investigación debía realizarse en la Justicia inglesa o argentina, no en tribunales estadounidenses. Además, citó un informe de la Oficina Anticorrupción argentina que concluyó que la promoción de $LIBRA por parte del presidente debía considerarse una actividad personal, no oficial, en línea con la postura de la Casa Rosada.

El fallo representa un revés para los fondos internacionales y un alivio temporal para el gobierno argentino, aunque deja abierta la incómoda posibilidad de que Milei o su entorno sean beneficiarios privados de los activos. El caso se inscribe en el contexto de la búsqueda de activos argentinos en el exterior para cumplir sentencias internacionales, y podría tener implicancias futuras en la relación entre el Estado argentino y sus acreedores.