La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra ante la decisión final sobre la extradición de Federico "Fred" Machado, empresario argentino acusado por la justicia de Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado, detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén por una alerta de Interpol, cumple prisión domiciliaria en una estancia cercana a Viedma, Río Negro, mientras se resuelve su situación judicial.

El pedido de extradición, promovido por el Tribunal de Distrito Este de Texas, fue declarado procedente por la justicia federal neuquina y respaldado por el procurador general Eduardo Casal. Sin embargo, la defensa de Machado, encabezada por Francisco Oneto —también abogado del presidente Javier Milei—, presentó recursos que demoraron el proceso. La Corte Suprema solicitó información adicional a la justicia estadounidense, que recientemente ratificó el pedido de extradición, dejando el expediente nuevamente en manos del máximo tribunal argentino.

El caso cobró notoriedad política tras confirmarse una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado a José Luis Espert, actual candidato a diputado nacional. Espert reconoció el cobro y argumentó que fue por asesoría a una minera guatemalteca, propiedad de Machado, aunque la operación es investigada por presunto lavado de dinero. Además, investigaciones periodísticas y judiciales vinculan a Machado con operaciones del Cártel de Sinaloa y el uso de aviones en traslados de cocaína por Centroamérica, así como en campañas políticas argentinas.

La extradición de Machado se ha convertido en un caso emblemático por la combinación de delitos transnacionales, conexiones políticas y demoras judiciales. La decisión final, según la ley argentina, corresponde al Poder Ejecutivo, que podrá conceder o rechazar la extradición en función de intereses nacionales. El desenlace del caso podría tener implicancias tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el escenario político local.