El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei ha generado un intenso debate en todo el país. Gobernadores de varias provincias, entre ellas Santa Fe, Salta, La Pampa y Tucumán, expresaron su preocupación por la falta de inversión en obras públicas, educación y ciencia, áreas que consideran fundamentales para el desarrollo y la generación de empleo.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, advirtió que "no está en el presupuesto nacional la inversión del Estado en infraestructura vial, energética y en gas, condiciones con las que se genera trabajo". Por su parte, Roberto Dib Ashur, ministro de Economía de Salta, alertó sobre la eliminación de la Ley de Financiamiento Educativo, que garantizaba el 6% del PBI para educación y el 1% para ciencia y tecnología, calificando la medida como "un retroceso para el país".

En La Pampa, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, denunció la paralización de proyectos con financiamiento federal y el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno nacional. Tucumán, en cambio, confirmó que algunas obras comprometidas están incluidas en el presupuesto, aunque el gobernador Osvaldo Jaldo aclaró que "hasta acá el presupuesto únicamente fue un anuncio, tiene que pasar por el Congreso de la Nación".

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, sostiene que el Presupuesto 2026 mantiene el equilibrio fiscal y contempla aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad superiores a la inflación proyectada. Según datos oficiales, la "Función Seguridad Social" representa el 56,4% del gasto nacional, aunque se proyecta una reducción de beneficiarios respecto a gestiones anteriores, producto de la depuración de partidas no justificadas.

Sin embargo, el proyecto elimina mecanismos de actualización automática para asignaciones familiares y beneficios de tarifas de gas, lo que ha generado preocupación entre los sectores más vulnerables. Además, expertos y analistas advierten sobre inconsistencias en los supuestos macroeconómicos del presupuesto, como las proyecciones de inflación y tipo de cambio.

El contexto político está marcado por movilizaciones en defensa de la universidad pública y la salud, así como por el rechazo parlamentario a los vetos presidenciales en estas áreas. Mientras Milei defiende el ajuste y promete mejoras en áreas sensibles, gobernadores y especialistas ponen en duda la viabilidad de sus anuncios y advierten sobre el impacto social de los recortes.

El debate sobre el Presupuesto 2026 continuará en el Congreso, donde se espera que las provincias intensifiquen sus reclamos por una distribución más equitativa de los recursos y una mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales. El resultado de esta discusión será clave para el futuro económico y social de Argentina.