El diputado nacional Bertie Benegas Lynch, referente del espacio La Libertad Avanza, desató una fuerte polémica tras publicar un video en redes sociales en el que calificó de “parásitos” a los profesionales de las ciencias agronómicas de la provincia de Buenos Aires. El motivo de su crítica fue la iniciativa de estos agrónomos para impulsar una ley que regule el cuidado de los suelos agrícolas, una problemática que, según especialistas, representa uno de los mayores desafíos para la producción agropecuaria argentina.

En su mensaje, Benegas Lynch rechazó la propuesta por considerarla una intromisión estatal en la propiedad privada y la asoció a ideas comunistas. “Estos tipos pretenden, vía Estado, obligar a establecimientos rurales privados a certificar prácticas sostenibles de mejoramiento de suelos de sus campos”, expresó el legislador, quien sostiene que el mercado debe ser el encargado de resolver estos problemas.

La respuesta no tardó en llegar desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que defendió el proyecto y aclaró que la iniciativa no lesiona los intereses de los productores, sino que busca proteger el principal capital productivo del país. “El deterioro de los suelos es un dato, no un relato”, señalaron, citando estudios del INTA y testimonios de técnicos y productores que advierten sobre la pérdida acelerada de materia orgánica y nutrientes.

El presidente de Fertilizar, Rotondaro, también intervino en el debate y afirmó que “el Estado tiene que fijar reglas de juego” para revertir la baja aplicación de nutrientes y garantizar la sustentabilidad del sector.

El caso puso en evidencia la profunda división sobre el rol del Estado en la agricultura argentina. Mientras algunos sectores defienden la intervención pública para evitar la degradación irreversible de los suelos, otros, como Benegas Lynch, consideran que la defensa de la propiedad privada y la autorregulación del mercado son suficientes para enfrentar el problema.

El debate se da en un contexto de reducción de fondos estatales para investigación en suelos y en medio de experiencias internacionales, como la uruguaya, que muestran resultados positivos con regulaciones similares. El futuro del principal recurso productivo del país sigue siendo motivo de discusión y preocupación entre los distintos actores del sector.