El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó un tenso intercambio con Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), durante el Council of the Americas realizado en Buenos Aires. El eje del conflicto fue la medida cautelar que suspendió la aplicación de un decreto gubernamental que eliminaba el cobro de aportes obligatorios a las cámaras empresariales, incluso para empresas no afiliadas.

Sturzenegger, en su exposición ante empresarios y funcionarios, solicitó públicamente a Grinman que la CAC desistiera de la cautelar, argumentando que el uso de convenios colectivos para imponer pagos obligatorios constituía un privilegio ilegal. "La casta se defiende con uñas y dientes", expresó el ministro, lamentando la negativa de Grinman a acceder al pedido. El titular de la CAC respondió desde la audiencia: "Vivimos en democracia", y luego aclaró en entrevistas que la cautelar fue presentada por el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), una entidad autónoma dentro de la CAC, y no por la cámara en sí.

El decreto 149/2025, dictado en marzo, prohibió la imposición de aportes, contribuciones o cargas económicas a empresas no asociadas a cámaras empresariales, salvo aceptación voluntaria. Antes de la medida, el aporte ascendía a $4.725 por empleado, generando un flujo anual cercano a $70.000 millones. La Justicia suspendió provisoriamente el decreto tras la presentación de INACAP, advirtiendo sobre el riesgo de desfinanciamiento y contradicciones con el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El episodio se inscribe en el marco de la estrategia oficial de desregulación y equilibrio fiscal, que busca eliminar privilegios empresariales y sindicales. Sturzenegger defendió la desregulación como motor de crecimiento y criticó el uso de la Justicia para perpetuar beneficios. Grinman, por su parte, reivindicó la autonomía de INACAP y la legitimidad de recurrir al sistema judicial para defender intereses institucionales.

El cruce entre ambos dirigentes reflejó la tensión política y económica que atraviesa el país, con disputas parlamentarias y cuestionamientos a los mecanismos de financiamiento y representación empresarial. El desenlace del conflicto judicial será clave para definir el futuro de los aportes y el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno.