La esposa de Adorni compró en 2024 la casa en el country de Exaltación de la Cruz señalada por la diputada Pagano
- Denuncian a Manuel Adorni por no declarar una casa en un country de Exaltación de la Cruz. - La propiedad figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. - Investigan posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses. #Política #Seguridad

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una denuncia penal por presunta omisión en la declaración de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La vivienda, registrada a nombre de su esposa Bettina Angeletti desde noviembre de 2024, fue señalada por la diputada Marcela Pagano, quien sostiene que el inmueble no figura en la declaración jurada patrimonial que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción.
Según documentación catastral, Angeletti es la única titular de la propiedad, cuyo valor de mercado se estima entre 129.000 y 249.000 dólares, con expensas mensuales cercanas a 700.000 pesos. La denuncia de Pagano se suma a cuestionamientos previos sobre el patrimonio y los viajes de Adorni y su familia, incluyendo el uso de aviones oficiales y privados.
La ley exige a los funcionarios declarar los bienes de sus cónyuges, aunque parte de esa información es reservada y solo puede ser solicitada por la justicia o autoridades competentes. Consultado por la prensa, Adorni derivó las preguntas a su abogado, quien indicó que la información está siendo investigada judicialmente y no realizó más declaraciones.
El Gobierno evitó pronunciarse sobre el caso, aunque el presidente Javier Milei ratificó públicamente a Adorni en su cargo. Desde el oficialismo, la diputada Lilia Lemoine relativizó la denuncia, describiendo la propiedad como una casa de clase media y no una mansión.
La denuncia también incluye presuntas irregularidades en contrataciones públicas y posibles conflictos de interés vinculados a la consultora de Angeletti. La justicia federal investiga si los hechos podrían constituir delitos como enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública o negociaciones incompatibles.
El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y el patrimonio de los funcionarios públicos, y podría tener implicancias en la agenda política y judicial de los próximos meses.
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