La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra ante la decisión final sobre la extradición de Federico "Fred" Machado, empresario argentino acusado en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado, detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén por una alerta roja de Interpol, cumple prisión domiciliaria en una lujosa estancia en las afueras de Viedma, Río Negro, mientras se resuelve su situación judicial.

El proceso de extradición, que ha atravesado múltiples instancias y recursos, fue declarado procedente por el juez federal Gustavo Villanueva y respaldado por el procurador general Eduardo Casal. Sin embargo, la defensa de Machado, encabezada por Francisco Oneto —también abogado del presidente Javier Milei—, presentó diversos planteos para demorar el avance del expediente, incluyendo la alegación de cambios en la situación procesal del empresario en la justicia estadounidense. Tras consultar a las autoridades de Texas, la justicia argentina recibió la confirmación de que el pedido de extradición sigue vigente y que no existen modificaciones en las acusaciones contra Machado.

El caso cobró relevancia política luego de que se confirmara una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado a José Luis Espert, actual candidato a diputado nacional. Espert admitió el cobro y explicó que correspondía a una asesoría para una minera guatemalteca relacionada con Machado. A pesar de la controversia, el presidente Javier Milei ratificó la candidatura de Espert.

Machado es investigado en Estados Unidos como parte de una organización criminal transnacional dedicada al contrabando de narcóticos y lavado de dinero. Su socia, Debra Mercer-Erwin, ya fue condenada en Texas. El expediente de extradición, tras ser devuelto por la Corte Suprema al juez de Neuquén para verificar la situación procesal de Machado, regresó al máximo tribunal con la ratificación del pedido estadounidense.

La decisión final sobre la extradición recae en el Poder Ejecutivo, que puede rechazarla por razones de soberanía, seguridad u otros intereses esenciales para la Argentina. El caso ha generado tensiones en el gobierno y expuesto conexiones entre el acusado y figuras políticas de alto perfil, lo que añade complejidad al desenlace judicial y político de la causa.