El presidente Javier Milei presentará este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza el proyecto de reforma integral del Código Penal, en un acto que contará con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La iniciativa, que será enviada al Congreso, busca reemplazar el texto vigente desde 1921, consolidando más de mil leyes especiales y actualizando la legislación penal para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

El nuevo Código Penal, que pasará de 316 a 920 artículos, endurece las penas para delitos graves como homicidio, corrupción, narcotráfico, ciberdelitos y violencia organizada. Además, incorpora figuras delictivas emergentes, como el uso de inteligencia artificial en delitos informáticos, la pornovenganza, las estafas piramidales, el secuestro virtual y los delitos ambientales. Entre las novedades, se destaca la restricción de la libertad condicional, el decomiso anticipado de bienes producto del delito y la responsabilidad penal de personas jurídicas.

El proyecto también eleva la pena máxima para el homicidio simple a 30 años y amplía los supuestos de prisión perpetua. Se agravan las sanciones para delitos cometidos contra menores, adultos mayores y personas vulnerables, y se otorga un rol preponderante a las víctimas en el proceso penal. Asimismo, se endurecen las penas para quienes entorpezcan el tránsito en manifestaciones públicas, una medida que anticipa un fuerte debate parlamentario con la oposición.

La redacción del anteproyecto estuvo a cargo de una comisión integrada por jueces, fiscales y especialistas, y fue revisada tras más de un centenar de reuniones y consultas con distintos actores del sistema judicial. El ministro Cúneo Libarona introdujo ajustes finales antes de la presentación oficial.

El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para modernizar el sistema penal y enviar un mensaje claro de que "el que las hace las paga". Sin embargo, sectores opositores y organizaciones sociales advierten sobre el posible impacto en los derechos civiles y la protesta social. El debate en el Congreso será clave para definir el alcance y la implementación de la nueva normativa, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones legislativas y la búsqueda de respaldo para los candidatos oficialistas.