El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ha sacudido a la sociedad argentina y puesto en el centro del debate la violencia narco y la precariedad social en los barrios más vulnerables. Las tres jóvenes fueron halladas asesinadas y mutiladas en una vivienda de la localidad bonaerense, en un hecho que, según fuentes judiciales y policiales, fue transmitido en vivo a través de redes sociales para un grupo cerrado, como parte de un mensaje disciplinador dentro de una organización criminal.

La investigación apunta a una banda liderada por un joven apodado "Pequeño J" o "Julito", identificado como Julio Valverde, Montana o Noguera, de nacionalidad peruana y 23 años de edad. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que existe una orden de captura contra el presunto líder narco, mientras que Matías Agustín Ozorio, argentino de 28 años, señalado como su mano derecha, enfrenta un pedido de captura nacional e internacional por coautoría en el triple homicidio. La causa, inicialmente a cargo de la UFI N°2 de La Matanza, pasó a la UFI de Homicidios, bajo secreto de sumario, y ya cuenta con cuatro detenidos que se negaron a declarar.

Las autopsias revelaron signos de extrema violencia en los cuerpos: fracturas, heridas cortantes, amputaciones y quemaduras. Dos de los detenidos declararon que las víctimas fueron torturadas y que el proceso fue filmado y transmitido en vivo, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas narco con fines disciplinadores. "Esto le pasa al que me roba droga", sintetizó Alonso sobre el mensaje que buscaba enviar el líder de la banda.

El caso ha generado una fuerte reacción social y política. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó el avance de la investigación y la calificación de femicidio, mientras que el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha en Plaza de Mayo para exigir justicia y políticas integrales contra la violencia de género y el crimen organizado. Analistas y medios advierten sobre la estigmatización mediática de las víctimas y la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva más profunda, que contemple la fractura del tejido social y la ausencia de políticas públicas efectivas.

Este triple femicidio se suma a una serie de hechos violentos que evidencian la expansión de organizaciones narco en territorios empobrecidos y la vulnerabilidad de las mujeres en contextos de crimen organizado. Antecedentes en Rosario muestran patrones similares, mientras el debate sobre la respuesta estatal y la criminalización de la pobreza y el género sigue abierto. El caso de Brenda, Morena y Lara recuerda la urgencia de reconstruir el tejido social y garantizar que sus vidas no sean desechables.