El presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley que establece un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una medida impulsada por los gobernadores para asegurar fondos a las provincias. La decisión, que se suma a los recientes vetos a la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, profundiza la tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales en un momento clave para la política argentina.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el veto no es un capricho, sino que responde a la necesidad de reservar los ATN para situaciones de crisis en las provincias. “Históricamente se usaron como cajas de la política. Nosotros no solo no los utilizamos para eso, sino que les damos el uso que corresponde”, afirmó Adorni. Sin embargo, los gobernadores consideran que la medida afecta gravemente las finanzas provinciales y complica la gestión local, especialmente tras los recortes presupuestarios recientes.

En paralelo, el Gobierno intenta recomponer el diálogo con las provincias. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, inició una ronda de reuniones con gobernadores aliados, como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), mientras otros mandatarios preparan una contracumbre para definir una estrategia común frente a la Casa Rosada. “El diálogo tiene que ser con todos”, reclamó Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, quien aún no recibió una invitación formal.

El malestar se extiende a sectores sociales y sindicales. Trabajadores del Hospital Garrahan y universidades anunciaron paros y movilizaciones en rechazo a los vetos, mientras que se prevé una Marcha Federal si el Congreso no trata el tema. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, criticó la decisión y defendió la educación y la salud pública como pilares de la identidad nacional.

La presentación del Presupuesto 2026, prevista para el lunes 15 en cadena nacional, será otro punto de conflicto, ya que las provincias exigen mayor previsibilidad y recursos. El Gobierno, por su parte, insiste en la necesidad de mantener el ajuste fiscal y prioriza acuerdos individuales con provincias afines, en un escenario de creciente fragmentación política y social.