Un amplio operativo de control y allanamiento se llevó a cabo en la feria de la Rambla de Mar del Plata, en la zona de Playa Bristol, como parte de una investigación por infracción a la Ley de Marcas. El procedimiento, encabezado por la Prefectura Naval Argentina junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas, incluyó el cierre de accesos y la inspección de decenas de puestos, donde se incautaron grandes cantidades de mercadería falsificada, entre ellas zapatillas, indumentaria deportiva y camisetas de la Selección argentina.

El operativo fue impulsado por una denuncia penal presentada en enero de 2025 por el entonces intendente Guillermo Montenegro, quien celebró la acción judicial y policial. “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, expresó Montenegro, felicitando a la Justicia y a las fuerzas de seguridad por su accionar.

Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), su presidente Blas Taladrid manifestó su apoyo a la medida y solicitó que se extiendan los controles a otras ferias informales de la ciudad, como las de Plaza Rocha y el barrio Belgrano. Taladrid remarcó que el comercio ilegal afecta gravemente a los comerciantes formales y a la imagen turística de Mar del Plata, y pidió una acción coordinada de todos los niveles del Estado.

Por su parte, los feriantes y vendedores ambulantes denunciaron que el operativo se transformó en un “desalojo disfrazado” y aseguraron que no existía una orden legal para levantar todos los puestos. “Estamos acá en huelga, protestando porque quieren destruir nuestro lugar de trabajo”, afirmó uno de los comerciantes, mientras que otros señalaron la falta de notificación previa y la precariedad de sus condiciones laborales. Testimonios recogidos en el lugar revelaron que los puesteros pagan sumas elevadas y en efectivo para poder trabajar, sin recibos ni garantías, y que dependen de esa actividad para su sustento.

El conflicto en la feria de la Rambla pone en evidencia la tensión entre la necesidad de combatir la venta ilegal y la situación de vulnerabilidad de quienes dependen de ese circuito para subsistir. El operativo reavivó el debate sobre la competencia desleal, la informalidad laboral y la responsabilidad de las autoridades en el control del espacio público. Se espera que en los próximos días continúen las negociaciones y los reclamos de ambas partes, en un contexto de creciente presión sobre el comercio informal en la ciudad.