La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) formalizó el traslado de su sede a Pilar, provincia de Buenos Aires, tras la aprobación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Esta decisión, respaldada por el gobierno de Axel Kicillof, se produce en medio de una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ) por presuntas irregularidades contables y financieras en la entidad.

La IGJ había rechazado previamente el cambio de jurisdicción, argumentando que la mudanza no cumplía con las formalidades legales y que en el lugar señalado no existen oficinas operativas de la AFA. A pesar de ello, la provincia de Buenos Aires ratificó la inscripción registral del nuevo domicilio, consolidando la radicación definitiva de la entidad en Pilar.

El Ministerio de Justicia nacional, por su parte, solicitó la designación de veedores oficiales para auditar los libros contables y operaciones de la AFA, tras el incumplimiento de la entidad en la entrega de documentación requerida. "La intervención solicitada en grado de veeduría no implica sanción ni prejuzgamiento alguno, sino el ejercicio regular de las funciones de fiscalización previstas por la ley", explicó Daniel Vítolo, titular de la IGJ.

El traslado fue interpretado por funcionarios nacionales como una maniobra para evitar controles y judicializar el conflicto. El abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, celebró la resolución provincial y sostuvo que "el fútbol argentino se gobierna conforme a su estatuto y bajo la jurisdicción que legítimamente eligió".

En paralelo, la AFA enfrenta denuncias por evasión fiscal y desvío de fondos, con citaciones a indagatoria para Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. El conflicto institucional entre Nación y Provincia pone en evidencia la disputa por el control del fútbol argentino y la fiscalización de sus recursos.

La resolución provincial no ha sido reconocida por la IGJ, que insiste en la vigencia de su competencia y en la necesidad de auditar los balances y operaciones de la AFA. El caso podría derivar en una judicialización prolongada, mientras se mantienen abiertas las investigaciones por irregularidades financieras.