El Gobierno de Neuquén oficializó la exoneración de cinco empleados públicos tras las condenas dictadas en la causa por la estafa con planes sociales, mientras la Justicia provincial revisa la posibilidad de agravar las penas por asociación ilícita. El decreto, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, se conoció el 4 de julio y afecta a agentes que fueron hallados responsables de delitos contra la administración pública.

La investigación judicial determinó que entre 2020 y 2022 se produjo un desvío sistemático de fondos destinados a planes sociales, perjudicando a sectores vulnerables de la provincia. El tribunal de juicio condenó a varios funcionarios, entre ellos el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, por administración fraudulenta, aunque descartó la existencia de una asociación ilícita. Sin embargo, la Fiscalía y la querella institucional solicitaron al Tribunal de Impugnación que revoque la sentencia y condene a los responsables bajo la figura de organización criminal, lo que podría implicar penas más severas.

El decreto de exoneración también incluye la cesantía de una empleada sobreseída en lo penal pero sancionada administrativamente, considerando circunstancias personales atenuantes. La medida se suma a otras exoneraciones previas realizadas en enero y marzo de este año, en el marco de la misma causa.

El caso generó un fuerte debate político y social en Neuquén. El exgobernador Jorge Sobisch cuestionó públicamente el fallo y pidió que se identifique a los responsables políticos de mayor jerarquía, señalando que los condenados podrían no ser los únicos involucrados. "Es necesario que la Justicia avance sobre quienes tomaron las decisiones de fondo", expresó Sobisch en redes sociales.

La resolución del Tribunal de Impugnación, prevista para las próximas semanas, será clave para definir el futuro judicial de uno de los casos de corrupción más relevantes en la provincia en los últimos años. El desenlace podría tener implicancias en la administración pública y en la confianza ciudadana en las instituciones.