La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió todas las apelaciones pendientes en el caso YPF, consolidando así el fallo favorable a la Argentina en el litigio por la expropiación de la petrolera. Esta medida implica que el país no deberá pagar los USD 16.000 millones que le habían sido impuestos en una sentencia anterior, al menos hasta que el fallo quede firme.

La decisión del tribunal incluyó la cancelación de la audiencia prevista para esta semana, en la que se iban a tratar recursos presentados tanto por la Argentina como por Burford Capital, el principal fondo litigante. Entre los recursos suspendidos figura el pedido de Burford para avanzar con la transferencia de acciones de YPF como garantía para los acreedores.

El tribunal fundamentó su decisión en la interpretación de la ley argentina, señalando que los estatutos de YPF no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado. Además, la ley argentina de Expropiaciones prohíbe acciones judiciales de terceros que interfieran en ese proceso. Esta interpretación fue clave para revocar la condena original y eximir a YPF de responsabilidad.

Burford Capital, que había adquirido los derechos de litigio de las empresas Petersen, aún puede solicitar una revisión del fallo ante el pleno de la Cámara o apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, especialistas consideran que las probabilidades de éxito son muy bajas, ya que la Corte Suprema suele aceptar solo un pequeño porcentaje de los casos presentados, especialmente aquellos que involucran cuestiones de derecho federal o de relevancia para Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense respaldó la posición argentina, calificando de "excesivamente intrusivo" el discovery solicitado por los demandantes y apoyando la moción para suspenderlo. Tras el fallo de marzo, las acciones de Burford sufrieron fuertes caídas en los mercados internacionales, reflejando la disminución de expectativas de cobro.

El caso YPF se remonta a la expropiación de la empresa en 2012, un hecho que generó controversia y litigios internacionales. La reciente decisión judicial representa un alivio para las finanzas argentinas y sienta un precedente relevante en materia de expropiaciones y litigios internacionales. El proceso continuará hasta que se agoten todas las instancias legales, pero el escenario actual es ampliamente favorable para la Argentina.