La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto conocido como Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover grandes inversiones en sectores tecnológicos, industriales y de infraestructura. El régimen, que obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a USD 1.000 millones.

El oficialismo, con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y partidos provinciales, defendió la medida como una herramienta fundamental para atraer capitales y generar empleo en industrias de alto valor agregado, como inteligencia artificial, energías renovables y minería de frontera. Entre los beneficios, se destacan la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias al 15%, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino.

Durante el debate, la oposición, encabezada por Unión por la Patria, cuestionó la amplitud de los beneficios y advirtió sobre el impacto fiscal, la pérdida de capacidad regulatoria del Estado y la posible consolidación de un "enclave colonial". El diputado Germán Martínez sostuvo que el régimen garantiza condiciones favorables de explotación por tres décadas y criticó la falta de garantías para la industria nacional y los trabajadores.

El proyecto también limita la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos, lo que generó preocupación entre legisladores opositores. Además, el debate se dio en un contexto de tensiones políticas y denuncias de presunta presión del Ejecutivo sobre provincias aliadas para asegurar los votos necesarios.

Tras la media sanción en Diputados, el proyecto será girado al Senado para su tratamiento definitivo. El resultado de la votación y las posturas encontradas reflejan la polarización política en torno a las políticas de incentivo a la inversión extranjera y el modelo de desarrollo productivo que busca implementar el Gobierno.