El Gobierno argentino adjudicó la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para el invierno de 2026 a la empresa Naturgy, tras un proceso licitatorio que marcó un cambio de paradigma en la política energética nacional. Por primera vez en casi dos décadas, la operación fue transferida del Estado a un operador privado, en un contexto internacional signado por la volatilidad de los precios energéticos debido a la guerra en Medio Oriente.

La licitación, realizada por la estatal Enarsa, recibió ofertas de Naturgy y Trafigura, dos de los principales actores del sector. Naturgy resultó ganadora con una propuesta de USD 4,50 por millón de BTU, apenas siete centavos por debajo de la oferta de Trafigura. Esta diferencia mínima, inferior al 1%, obligó a activar mecanismos de desempate previstos en el pliego oficial. El costo total de la operación rondará los USD 1.200 millones, el doble que el año anterior, lo que podría impactar en las tarifas y en el esquema de subsidios energéticos.

El nuevo esquema implica que el sector privado asume el riesgo comercial y la logística de importación, mientras que el Estado busca evitar el uso directo de divisas para financiar las compras. Sin embargo, la medida genera interrogantes sobre cómo se trasladarán los costos al sistema local y qué impacto tendrá en el equilibrio financiero del sector energético.

La necesidad de importar GNL expone una de las principales debilidades estructurales del sistema energético argentino: la falta de infraestructura suficiente para transportar el gas producido localmente hacia los principales centros de consumo. Aunque el desarrollo de Vaca Muerta permitió incrementar la producción, la reversión incompleta del Gasoducto Norte y la dependencia de importaciones desde Bolivia agravan la situación.

Empresarios y analistas del sector advierten que el costo del GNL importado es "imposible de trasladar a los costos productivos" y señalan que la falta de inversión en infraestructura genera un gasto que podría haberse evitado. En paralelo, la Justicia investiga presuntas irregularidades en compras energéticas previas, lo que añade presión sobre la gestión actual.

Mientras tanto, el Gobierno defiende la transparencia y competitividad del proceso licitatorio, destacando que la competencia entre privados permitió obtener precios considerados competitivos en el contexto internacional. Sin embargo, la volatilidad de los precios globales y la incertidumbre geopolítica mantienen en vilo al sector energético argentino, que deberá afrontar un invierno con altos costos y desafíos estructurales aún sin resolver.