Rechazan indemnizar a dos policías detenidos y luego sobreseídos por abigeato
• El STJ de La Pampa rechazó indemnizar a dos policías sobreseídos tras ser detenidos por abigeato. • La demanda por daños fue desestimada y la decisión quedó firme. • El caso generó debate sobre derechos y procedimientos judiciales.



El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa rechazó el último recurso presentado por los policías Juan Ramón Cabral y Roberto Carlos Cabral, quienes habían demandado al Estado provincial por daños y perjuicios tras haber sido detenidos y posteriormente sobreseídos en una causa de abigeato agravado. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial dejó firme el rechazo a la indemnización reclamada por los eximputados, quienes argumentaban haber sufrido daños personales, familiares y profesionales debido a la privación de su libertad durante la investigación penal.
La causa se originó en junio de 2016, cuando un informe anónimo vinculó a los Cabral, ambos integrantes de la Policía de La Pampa, con la sustracción y comercialización de 98 animales. A partir de ese informe, se dispusieron intervenciones telefónicas y allanamientos, aunque no se hallaron pruebas concluyentes. Incluso el propio denunciante no reconoció como suya la hacienda supuestamente sustraída. Finalmente, la investigación penal concluyó con nulidades y sobreseimientos, y los Cabral recuperaron la libertad en febrero de 2017.
En 2020, los hermanos iniciaron una demanda civil contra la provincia, alegando que la investigación fue irregular y que su detención y prisión preventiva fueron ilegales. Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara de Apelaciones rechazaron el reclamo. El STJ, al analizar el recurso extraordinario, consideró que no cumplía con los requisitos técnicos del Código Procesal y no abordó el fondo del planteo. Además, descartó que la sentencia de Cámara fuera inválida por falta de mayoría entre los jueces.
De este modo, la decisión judicial dejó firme la negativa a indemnizar a los policías, aun cuando ambos habían sido detenidos y luego sobreseídos. El caso reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado ante detenciones preventivas y sobreseimientos, y pone en foco los procedimientos judiciales y las garantías de los acusados en investigaciones penales.
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