La causa Securitas, que investiga presuntos pagos de coimas para mantener contratos entre la empresa de seguridad y la estatal Enersa, sumó nuevas revelaciones tras el acceso a más de 25.000 páginas de chats y correos electrónicos entre los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul. En estos mensajes, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, aparece mencionado en más de 100 ocasiones, aunque no figura como imputado en el expediente judicial.

Según la investigación, los chats detallan negociaciones, pagos irregulares y favores entre empresarios y funcionarios provinciales desde 2016 hasta 2024. Entre los principales destinatarios de los sobornos, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado identificó a José Gervasio Laporte, Alejandro Cis y Marcelo Morales, todos vinculados a Enersa. Los mensajes incluyen referencias a pagos de dinero, entrega de vehículos y reuniones en lugares como el Hotel Howard Johnson de Paraná.

En uno de los correos, Claudio Tórtul menciona la "parte de Bordet" en el reparto de fondos, mientras que en los chats se discuten cifras concretas, como el pago de 1,1 millones de pesos. Sin embargo, Bordet ha negado cualquier vínculo con los empresarios y aseguró que no intervino en la contratación ni continuidad de los servicios de Securitas, que ya prestaba servicios a Enersa antes de su gestión. "Nunca tuve ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tórtul ni con los responsables de la empresa Securitas", afirmó Bordet en declaraciones públicas.

La causa se inició en 2020 tras una investigación interna de Securitas Argentina, que derivó en el secuestro de teléfonos y dispositivos electrónicos de los Tórtul en abril de 2024. Un mes después, la jueza Arroyo Salgado procesó a nueve imputados con prisión preventiva y estimó que los sobornos pagados ascenderían a 7,6 millones de dólares.

El caso también involucra al exsenador Edgardo Kueider, mencionado en los chats y con pedido de extradición desde Paraguay por causas conexas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fuentes judiciales confirmaron que, pese a las reiteradas menciones, Bordet no está imputado en la causa y nunca accedió al peritaje completo de los mensajes.

La investigación ha generado repercusiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia en la administración pública de Entre Ríos. Bordet insiste en que su gestión se basó en la transparencia y que confía en que la Justicia esclarecerá los hechos y determinará las responsabilidades individuales. El expediente sigue en curso y se espera que continúen las indagatorias y el análisis de pruebas en los próximos meses.