El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles, con 19 votos a favor y uno en contra, las ternas para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta decisión, largamente esperada desde febrero de 2022, permitirá al Gobierno avanzar en la designación de jueces en tribunales clave para el juzgamiento de causas de corrupción, delitos de lesa humanidad, narcotráfico y otros delitos federales.

El plenario del Consejo, integrado por representantes de todos los sectores políticos, académicos y del ámbito judicial, logró un consenso amplio para destrabar un proceso que mantenía paralizadas investigaciones sensibles. Entre los tribunales beneficiados se encuentra el Tribunal Oral Federal 6, que no cuenta con jueces titulares desde 2020 y se manejaba mediante subrogancias. También se cubrirán vacantes en los Tribunales Orales Federales 2, 4 y 5, donde se tramitan causas de alto perfil como Hotesur-Los Sauces, que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, recibirá ahora las ternas de candidatos, entre los que se destacan Agustina Inés Rodríguez, Nicolás Schiavo, Luis Arnaudo, Ignacio Labadens y Marcelo Peluzzi. El Ejecutivo podrá elegir a los seis postulantes, sin estar obligado a respetar el orden de mérito, y enviar los pliegos al Senado para su confirmación.

La aprobación de estas ternas fue celebrada como un avance institucional por la mayoría de los consejeros, aunque hubo un voto en contra que cuestionó el sistema de concursos y la inclusión de algunos candidatos. El Gobierno, que ya envió otros 62 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Congreso, prioriza la cobertura de vacantes en Comodoro Py por su impacto en causas de corrupción y la necesidad de fortalecer el Poder Judicial.

Se espera que el Senado trate los pliegos en las próximas semanas, lo que podría destrabar juicios de alto impacto político y judicial. La decisión representa un paso importante para normalizar el funcionamiento de los tribunales federales y reducir la dependencia de jueces subrogantes en causas complejas.